El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) publicó una nueva opinión legal que obliga a los gobiernos estatales a ampliar la forma en que reportan a inmigrantes indocumentados ante las autoridades federales. La medida, dada a conocer el martes, echa abajo una política que llevaba casi tres décadas vigente.
Según el documento, elaborado por la oficina de asesoría legal de ese departamento, cualquier estado que reciba fondos federales para programas de apoyo a personas de bajos ingresos —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), dos esquemas de ayuda económica para familias y personas con recursos limitados en Estados Unidos— tendrá que reportar a personas indocumentadas desde cualquier área de su gobierno, y no únicamente desde la oficina específica que administra ese programa de bienestar social.
Hasta ahora, la obligación de reportar recaía solo en las dependencias directamente encargadas de operar estos apoyos. Con el cambio, prácticamente toda la estructura estatal quedaría involucrada en la identificación y notificación de personas sin estatus migratorio regular, lo que representa un giro significativo en la política migratoria interna de Estados Unidos.
Si te interesa conocer más detalles sobre los alcances de esta orden y sus posibles implicaciones, te invitamos a leer la nota completa en The Guardian.
Fuente: Justice department orders US states to expand how they report undocumented immigrants (The Guardian). Versión en español elaborada con asistencia de IA.
Imagen: Melinda Young Stuart, BY-NC-ND 2.0 (vía Openverse).